Punto de Acuerdo para solicitar a PGR aplique todo el peso de la ley sobre Javier Duarte y garantice la reparación del daño: Cristina García, Omar Ortega

De la Dip. María Cristina Teresa García Bravo y del Dip. Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a que en el proceso penal acusatorio seguido en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, instruya a los fiscales para que presenten todos los medios de prueba ante el juez de juicio oral, a fin de que se emita una sentencia condenatoria privativa de libertad y se garantice la reparación del daño.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE A RAÚL CERVANTES ANDRADE, TITULAR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR), PARA QUE EL PROCESO PENAL ACUSATORIO SEGUIDO EN CONTRA DEL EXGOBERNADOR DE VERACRUZ, JAVIER DUARTE DE OCHOA, INSTRUYA A LOS FISCALES PARA QUE PRESENTEN TODOS LOS MEDIOS DE PRUEBA ANTE EL JUEZ DE JUICIO ORAL, A FIN DE QUE SE EMITA UNA SENTENCIA CONDENATORIA PRIVATIVA DE LIBERTAD Y SE GARANTICE LA REPARACIÓN DEL DAÑO

 

HONORABLE ASAMBLEA

Los suscritos, DIPUTADA MARÍA CRISTINA TERESA GARCÍA BRAVO Y DIPUTADO OMAR ORTEGA ÁLVAREZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el Artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

C O N S I D E R A C I O N E S

“Mientras el desvío de recursos públicos para usos privados encarna la corrupción, la

distorsión de la justicia con fines políticos genera impunidad”.

Como es del dominio público, durante los últimos años no ha existido en el país mejoría alguna en materia de combate a la corrupción y la impunidad; por el contrario, son lastres que cada día se arraigan más entre gobernantes y gobernados.

Los incuestionables datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) indican la gravedad de la corrupción: el país se encuentra en la posición (34 de 34) de entre los más corruptos del mundo. Muestra de ello es el desmedido saqueo de las arcas públicas federales y estatales, comenzando por quien ocupó la gubernatura de Veracruz, seguido por los exgobernadores de Chihuahua, Colima, Coahuila, Quintana Roo, Nuevo León, Tamaulipas, entre otros gobiernos corruptos conocidos por la opinión pública.

 

Solo en el caso Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, pesa en su persona varios delitos federales y estatales relacionados con la delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición.

 

Una vez que Javier Duarte de Ochoa solicitó licencia al cargo el 12 de octubre de 2016, el 17 del mismo mes la justicia mexicana lo llamó a cuentas, cuando un juez federal con sede en el Reclusorio Norte emitió la orden de aprehensión en su contra, exclusivamente por los delitos de: “Operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada”.

 

Más adelante fue detenido en Guatemala el 15 de abril del presente año. No obstante, el 17 de julio pasado Javier Duarte de Ochoa fue extraditado a México desde la prisión militar de Matamoros, recayendo el proceso en su contra en la PGR y el juez federal que emitió la orden de aprehensión con sede en el Reclusorio Norte, hasta donde fue remitido para la formulación de la imputación en su contra.

 

Ahora el exgobernador de Veracruz enfrenta cargos que implican recursos por 350 millones de pesos en imputaciones federales, y la malversación de 220 millones de pesos más durante 2015 que le atribuye la fiscalía General de Veracruz; es decir, recursos públicos que —entre otros fines— habrían ido a parar a empresas fantasma para la adquisición de bienes inmuebles así como 21 predios en el estado de Campeche usando prestanombres.

 

El caso es que hoy el estado de Veracruz está sumido en el quebranto financiero, gracias a los hechos ilícitos cometidos por Javier Duarte, con evidencias como las grabaciones entre él y su tesorero Tarek Abdalá, donde planeaban proceder en contra de los veracruzanos, además con fines políticos.

 

Por lo pronto, sabemos que el exgobernador de Veracruz está siendo juzgado solo por delitos federales relacionados con la delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Únicamente dos delitos federales, quedando fuera del proceso en su contra otros, como la desaparición forzada de cientos de personas y los delitos de homicidio de periodistas, por citar los menos.

 

Es verdad que en este caso del exgobernador de Veracruz, la Procuraduría General de la República tiene un gran reto por delante. Eso por un lado. Por otro, está claro que el titular de la dependencia, Raúl Cervantes Andrade, ha señalado recién los retos que enfrenta la dependencia. Con el antiguo modelo de justicia penal, la PGR “patinaba una y otra vez, y como estaba era para que no hubiera investigación”; en cambio, el nuevo modelo de justicia penal acusatorio impulsará que los fiscales o subprocuradores sean los responsables de cada expediente y sus resultados en los tribunales.

 

La investigación es el soporte, dice. A pregunta expresa sobre los requerimientos de la PGR y la justicia en el país, el Procurador responde: “Fortalecer sustancialmente las capacidades de investigación… tenemos que generar capacidades de investigación por delitos de alto impacto en todo el país que puedan generar inteligencia, y de ella los agentes del Ministerio Público o los fiscales de caso obtengan elementos para generar una narrativa, que se llama teoría del caso, y poderlo llevar a juicio, con altos estándares de probanza que concluyan en sentencias”.

 

Sobre el caso Duarte, que “puede ser ejemplo —dice el reportero— de la eficacia del nuevo sistema de justicia penal, con la recuperación de más de 450 millones de pesos que habían sido desviados del erario”, Cervantes responde: “Sí. Se hizo una investigación con las unidades de inteligencia financiera, en coordinación con la Secretaría de Hacienda, y obtuvimos información sobre cómo había llegado dinero a algunas empresas por los presuntos responsables en este tema del estado de Veracruz, y también conocíamos las necesidades tan apremiantes de la entidad”. Y —agrega— con el nuevo sistema de justicia penal lo resolvimos en semanas; lo que con el viejo sistema inquisitorio habría llevado meses.

 

Con estos preceptos vertidos por el propio titular, donde el nuevo modelo impulsa a los fiscales a dar resultados en los tribunales y la investigación de los delitos adquiere otra dimensión, es de esperar que la PGR no deberá errar más en los tribunales con fiscales sin preparación que no conozcan la carpeta de investigación ni presenten medios de prueba. Más en casos como el de Javier Duarte previamente investigado.

 

Salvo que se imponga la inercia del pasado, como sucede en el recuento de sus logros alcanzados en los últimos años. Por ejemplo, el Centro de Investigación para el Desarrollo expuso que entre 2006 y 2014, delitos como los que infringen la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada tuvieron un índice de “judicialización” de cero.

 

En tanto igualmente la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su adelanto de revisión del año pasado, señaló que “la persecución de los delitos en materia financiera fueron insuficientes para reducir la impunidad, ya que de las 2 mil 26 averiguaciones en materia de delitos financieros que el Ministerio Público de la Federación recibió durante 2016, despachó el 21.9 por ciento (444), de las que el 21.1 por ciento (98) fue consignado ante la autoridad judicial y, de éstas, el 3.1 por ciento (tres) obtuvo sentencia judicial”.

 

En otras palabras: la posibilidad de que alguna investigación “sofisticada” avance hasta los tribunales y obtenga una sentencia condenatoria es casi nula; y tratándose de delincuencia y operaciones con recursos de procedencia ilícita, menos. Más tratándose de delitos que requieran un grado sofisticado de investigación.

 

Peor con el balance del Cidac, quien revela que la mayor cantidad de los casos enviados al Poder Judicial por parte de la PGR, o un 99 por ciento, se concretan cuando hay algún detenido “en flagrancia”, o que indica que si el Ministerio Público debe recabar datos de prueba para dar con algún probable delincuente cuando ha pasado más tiempo, la posibilidad de que lo logre es de uno entre cada 100 casos.

 

Pero la sociedad no espera esto en el caso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Espera que las “inconsistencias” no sean parte de los “datos de pruebas” presentadas ente el juez de control federal adscrito al Reclusorio Norte, no vuelvan a ocurrir y, contrariamente, sean subsanadas. Como al parecer acaba de ocurrir en la audiencia del pasado 22 de julio, en donde se informó que la PGR logró vincular a proceso a Javier Duarte.

 

Ese sábado, la PGR presentó 82 pruebas en contra del imputado, a quien se vincula a proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero por el desvío de más de un mil 670 millones de pesos. Por ejemplo, el titular de la SEIDO “expuso la red de desvíos y lavado de dinero que se le imputa al exgobernador de Veracruz”, entre otros datos de prueba y declaraciones de implicados, indica información de Proceso.

 

A lo anterior, la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión reclama que:

  1. Los jueces federales castiguen con todo el peso de la Ley al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, pues esa es la demanda tanto de veracruzanos como del pueblo de México.
  2. Se castigue por igual a los cómplices de Javier Duarte de Ochoa, ya que sería lamentable que terminen en libertad, por la falta de pericia del Ministerio Público al no presentar los datos de prueba idóneos y suficientes para incriminarlos.
  3. La sociedad no admitirá ningún acto de simulación o pacto de impunidad, Duarte y sus cómplices deberán pagar con cárcel todos los delitos que cometieron y regresar los recursos que desviaron de las arcas del estado y de la federación, evitando de ese modo la impunidad.

Estamos convencidos que el proceso penal en contra de Javier Duarte de Ochoa, será ejemplar para el combate a la corrupción y la impunidad en México. Y que no habrá otros exgobernadores que escapen de la justicia mexicana, y reciban el castigo por sus infracciones cometidas en contra del erario público y de las y los ciudadanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), para que el proceso penal acusatorio seguido en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, instruya a los fiscales para que presenten todos los medios de prueba ante el juez de juicio oral, a fin de que se emita una sentencia condenatoria privativa de libertad y se garantice la reparación del daño.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Poder Judicial de la Federación para que a través del Consejo de la Judicatura Federal, una vez agotado el proceso penal acusatorio, seguido en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, permita establecer una sentencia condenatoria privativa de libertad y se garantice la reparación del daño, evitando de ese modo la impunidad.

Suscriben,

Dip. María Teresa Cristina García Bravo
Dip. Omar Ortega Álvarez

Sala de sesiones de la H. Comisión Permanente, a 26 de julio de 2017.


Qué decir de la situación delictiva desatada durante la gestión de Javier Duarte, en contra de los veracruzanos. Baste el siguiente ejemplo: “Transitamos de las garras del narcotráfico a la diversificación de la delincuencia organizada (derecho de piso, cuotas por tránsito, control de hidrocarburos, manejo de la mercancía pirata, secuestros, levantones e intromisión del transporte público, especialmente los taxis), así como a la infiltración violenta de la delincuencia organizada en las supuestamente nuevas estructuras policiacas y de procuración de justicia. ‘En Veracruz das más miedo un policía que un delincuente’, se escucha con frecuencia en las calles. Y no es fortuito: en gran parte de las desapariciones y asesinatos de personajes públicos y jóvenes universitarios están inmiscuidos elementos de la llamada Policía Estatal Acreditable”. Zavaleta, Noé, El infierno de Javier Duarte. Crónicas de un gobierno fatídico, Ediciones Proceso, p.p. 23-24.

“La PGR necesita una transformación”, entrevista con el titular de la dependencia, Raúl Cervantes Andrade. La Jornada, 17 de enero de 2017.

El reportaje, “La PGR de Peña no resuelve casos ‘complicados’, como el de Duarte, revelan datos de la ASFy el Cidac”, está en: http://www.sinembargo.mx/19-07-2017/3266005, Consulta electrónica.

Publicado en: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73801

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