Punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Unidad de Fiscalización del INE a una reunión de trabajo: Omar Ortega

Del Dip. Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral a realizar una reunión de trabajo en la que explique la metodología y los criterios utilizados para la cuantificación y evaluación de los gastos en los pasados procesos electorales.

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA REALIZAR UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN LA QUE EXPLIQUE LA METODOLOGÍA Y LOS CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA CUANTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS GASTOS EN LOS PASADOS PROCESOS ELECTORALES

 

El que suscribe, Omar Ortega Álvarez, diputado federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la presente proposición al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Las reformas estructurales y de fondo realizadas en materia electoral en nuestro país, han resultado infructuosas al revelar los “privilegios” del que goza el partido en el poder como se demostró con los resultados de las pasadas jornadas electorales pues aun cuando de acuerdo a la ley, las normas para fijar criterios y sanciones deben ser iguales para todos, queda claro que la balanza aún se sigue inclinando a favor del Partido Revolucionario Institucional.

 

Resulta desafortunado que los esfuerzos por establecer “pisos parejos” a los partidos políticos en las contiendas electorales hayan resultado inútiles, más que para las instituciones partidistas, para la gente que ejerció su voto y fue víctima de la corrupción.

En este sentido, debemos recordar las acciones que ejecutó la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) durante las últimas jornadas electorales que demuestran lo denunciado. Sin considerar factores como la ubicación dentro del territorio de los estados en los que se celebraron elecciones en el mes de junio,la Unidad estableció como criterio fijar la cantidad de $2,800.00como “pago” a cada uno de los representantes voluntarios de casilla.

Esto es absurdo, primeramente porque no existen argumentos lógicos y menos aún sustentos legales para afirmar determinantemente que a los ciudadanos afiliados a algún partido y con la intención de participar voluntaria ydesinteresadamente hayan recibido una remuneración por su participación dentro del proceso electoral. Es más, este criterio podría inhibir la participación voluntaria del ciudadano de manera “desinteresada”, si los organismos del INE a partir de hoy, fijan una cantidad como retribución, los ciudadanos esperarán en lo futuro recibir al menos una cantidad similar a la citada (sino es que mayor) en cada proceso electoral. Esto se traduce en que a partir de ahora, los partidos estaremos obligados a “pagar” a todo aquel ciudadano que participe en las elecciones siguientes.

A esto se suma que el salario mínimo diario equivale a la cantidad de $84.04, es decir, que la percepción mensual de una persona que por sus labores recibe un salario mínimo, obtiene al mes la cantidad de $2,401.20. Si el órgano encargado de la fiscalización afirma de manera absoluta y sin fundamento que los partidos políticos contendientes cubrieron un día de actividad (sin aceptar que se haya realizado el pago y menos aún que los ciudadanos hayan cobrado por su libre participación en la jornada electoral), equivale a pagar más de un mes de salario.

 

Bajo una óptica lógica, esto resulta incongruente y por demás absurdo, pues si consideramos el número total de casillas instaladas el día 04 de junio en las diversas entidades en que se celebraron elecciones, ello nos llevaría a sumar cantidades millonarias.

 

Sumado a lo anterior, de manera irrisoria y en el colmo del absurdo, la Unidad de Fiscalización intentó argumentar que en eventos del entonces candidato perredista al Gobierno del Estado de México, Juan Zepeda, se utilizaron banderas con una medida de 10×10 metros, asumiendo un costo de cinco mil pesos a cada una de ellas. Resulta imposible que se hayan utilizado artículos de las dimensiones de un tráiler y una casa de dos pisos, y que cada uno de los pedazos de tela, con un emblema vulcanizado y un pedazo o bastión de madera tenga un monto unitario mayor a los $2,000.00.

 

Si bien a consecuencia de las observaciones realizadas por los integrantes del Consejo General del INE y de los representantes de los partidos políticos en las sesión del día 17 de julio pasado, se realizaron importantes enmiendas al predictamen presentado por la Unidad de Fiscalización y con ello se reajustaron los precios de algunos artículos utilizados en actos de campaña, resultan ilógicos y absurdos los criterios sustentados por la Unidad.

 

Las evidencias son claras. Es indudable que el INE, utilizando argucias pretende privilegiar una elección y justificar del gasto excesivo de campaña en el estado de Coahuila. Así, es por demás visible que la Unidad de Fiscalización no consideró diversos factores al momento de emitir su dictamen o bien trató de simularlos para favorecer a un partido en particular, lo que quebranta el estado de derecho al no existir equidad, imparcialidad, objetividad, pero sobre todo congruencia en su actuar evidenciando una clara y patente negligencia, favoritismo político y electoral hacia el partido en el poder, sujeción y más aún sumisión a las órdenes de los actores en el gobierno.

¿Qué credibilidad puede tener un organismo que forma parte del INE que enarbola la bandera deimparcial, transparente y legal, cuando asume criterios o conductas tan apartadas de la lógica? El sentido común nos lleva a considerar que es incoherente asumir tales criterios, pero aún más, el solapar, tolerar o consentir tales conductas que dañan profundamente los esfuerzos del pueblo de México para alcanzar una auténtica democracia.

 

Cuando las reglas se violentan, es evidente que el equilibrio de las partes se desquebraja y la balanza se inclina a favor de alguna de las partes. En el Estado de México, elPRI formó la coalición con el PVEM, PES y PANAL, presentándose a las casillas un representante por cada uno de los partidos coligados, es decir, que superaron en número a los representantes de los otros partidos pues por un representante, existieron cuatro, esto no tendría relevancia ni afectaría los derechos de los otros partidos contendientes ni a la Candidata Ciudadana; sin embargo, el equilibrio se rompe cuando los resultados se vierten en los montos monetarios, resultando incongruente que a mayor número de representes, menor multa o responsabilidad se finque, esto es sólo un reflejo del favoritismo y protección que el INE mediante sus organismos otorga al partido en el poder.

 

Reconocemos el derecho de los ciudadanos recibir y presentar cuentas claras y la obligación de los partidos políticos de puntualizar y trasparentar cada centavo que fue utilizado en las campañas electorales, pero este derecho y obligación, no debe conllevar el exceso en el ejercicio de poder, la falta de congruencia, el respeto a la imparcialidad, la carencia de certeza y la ilegalidad. Si a los partidos políticos se nos exige trasparentar las cuentas (lo que es justo y debido), la autoridad fiscalizadora debe -a la par- conducirse cumpliendo con los fines legales para la que fue creada, pero principalmente apegarse a la legalidad en aras de no inhibir la participación ciudadana, menos aun de privilegiar a un grupo o partido político.

 

Por lo anteriormente expuesto, levantamos una enérgica protesta a la conducta desplegada por los órganos encargados de la fiscalización de las campañas electorales y exigimos que las cuentas sean claras, que los resultados sean apegados a derecho, que se aplique iguales criterios a conductas similares y sobre todo, que las multas sean justas y apegadas a la reglamentación, sometiendo a consideración de la Asamblea la siguiente proposición con

 

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión cita al titular de la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral para realizar una reunión de trabajo con la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, en la que se explique la metodología y los criterios utilizados por ellos en la elaboración del dictamen relativo a la cuantificación y evaluación de los gastos realizados por los partidos políticos en los pasados procesos electorales.

Suscribe,

Dip. Omar Ortega Álvarez

Dado en la Sede de la Comisión Permanente, a los 26 días del mes de julio de 2017

Publicado en: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73815

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